El Gobierno chileno denuncia ante la Justicia la filtración de un audio de Boric en una reunión sobre seguridad

El Gobierno chileno de Gabriel Boric ha denunciado ante la Justicia la incautación y filtración de una conversación privada del Presidente con un grupo de 18 parlamentarios de diferentes sectores políticos, representantes de Arauco, Biobío y La Araucanía, con el fin de abordar la crisis de seguridad pública that afecta a la zona sur del país que solo ha crecido y agravado en los últimos años. El encuentro entre el mandatario y los congresistas se produjo el martes de esta semana en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo, en la ciudad de Viña del Mar, a 120 kilómetros de la capital chilena. En la cita, solicitada por los propios parlamentarios antes de una próxima visita del jefe de Estado a estas regiones, Boric abordó asuntos delicados en materia de seguridad, que, de acuerdo a La Moneda, podría tramar contra las medidas para intentar parar la violencia. «Es de las cosas más insólitas que hemos visto en una reunión con el Presidente», aseguró la mañana de este jueves la ministra del Interior, Carolina Tohá, la primera autoridad en denunciar públicamente los hechos.

«Ustedes ven que yo sin tapujos he ocupado la palabra terrorismo», aseguró el Presidente en esta reunión que, según Tohá, fue «muy positiva». Luego de conocer la filtración, que fue reproducida textualmente por algunos medios de comunicación, Boric estaba “muy impactado”, según aseguró su ministra. «Realmente es muy desconcertante», dijo el líder del mapa de Interior, que reconoció la preocupación del Gobierno por lo sucedido. «Está fuera de los códigos de una reunión de esta naturaleza, seguramente», relató Tohá.

En el Gobierno chileno se ha asegurado que el Presidente pidió expresamente a los invitados no grabar y que fue aceptado por todos los presentes. Cuando ocurre en un momento una reunión similar con los mismos invitados, se explica en el Ejecutivo, Boric aclara que el encuentro no podría registrarse, justamente por lo delicado de las materias tratadas. Entonces, según informan desde La Moneda, los parlamentarios habrían ofendido por la advertencia presidencial.

Los casos denunciados podrían constituir una infracción al artículo 161a del Código Penal chileno, que tipifica aquellas conductas de quien “sin autorización del afectado y por cualquier medio, capte, intercepte, sustraiga o reproduzca conversaciones o comunicaciones de carácter privado”.

El ministro que lleva las relaciones con el Congreso, el socialista Álvaro Elizalde, aseguró que el hecho es «gravísimo». El titular de la Secretaría General de la Presidencia detalló que esta reunión fue convocada por el Presidente a petición de los propios parlamentarios “para tratar un tema muy sensible, que es, precisamente, el de seguridad en esa zona”. Fue Elizalde el que anunció que un registro de esta naturaleza podría revestir el carácter de lito, por lo que, conforme a la ley, el Gobierno realizó una denuncia que abra paso a una investigación correspondiente. “Nos porque es grave, más cuando se tratan temas sensibles de seguridad”, aseguró Elizalde, antes que la denuncia concretara este jueves a mediodía en Valparaíso. La denuncia se derivará a la Unidad Regional Anticorrupción, para la instrucción de las diligencias aplicables”, aseguró el Ministerio Público.

Para el ministro de Boric, lo que sucedió «lesiona confianzas que son basices para el diálogo que tiene que existir entre las distintas autoridades» y que se trata de «une transgresión respecto de las normas mínimas de confianza que debe existir en conversaciones de esta naturaleza ”.

El Gobierno se ha comunicado con cada asistente a la cita del martes para informarles de la medida y trabajará en un protocolo para futuros encuentros con el Presidente y, así, evitar que se sigan filtrando conversaciones. Mientras, el hecho ha provocado distintas reacciones políticas. El líder del Partido Republicano de la derecha conservadora, José Antonio Kast, fue uno de los primeros en criticar lo sucedido. “La denuncia de toma ilegal de la reunión con el presidente Boric por parte de asistentes a una reunión en Cerro Castillo no es anécdota. Es un delito grave que se quiere denunciar, investigar y sancionar”, indicó una de las voces fuertes de la oposición.

Para el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, del oficialismo, el responsable de la incautación y filtración debería ser «desaforado». Mientras, el líder del Senado, Juan Antonio Coloma, del partido de derecha UDI, «por el hecho de ser parlamentario, nadie está al margen de lo que pueda ser un acto delictual».

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