Se trata de una disputa ambiental sin precedentes que el tribunal penal de Châteauroux examinó el miércoles 7 de junio. Por primera vez en Francia, una empresa fue juzgada por “colocar madera o productos derivados en el mercado europeo sin haber adoptado un sistema de debida diligencia en el sentido de la normativa europea” : infracción sancionable, para una persona jurídica, con una multa máxima de 500.000 euros.
Greenpeace France presentó una denuncia en 2019, junto con las asociaciones France Nature Environnement y Canopée contra Etablissements Robert, una empresa maderera en Indre. Esta empresa es sospechosa de haber comprado madera en 2017 en el estado brasileño de Pará, a empresas cuyas cadenas de suministro contenían madera ilegal “blanqueada” mediante documentos oficiales fraudulentos. Y por no haber evaluado, ni reducido suficientemente, los riesgos de importación ilegal tal y como decreta el Reglamento de la Madera de la Unión Europea (EUTR) de 2013.
Esta denuncia se basa en investigaciones realizadas en áreas madereras por Greenpeace Brasil, en asociación con la Autoridad Ambiental de Brasil bajo la supervisión del Ministerio del Medio Ambiente (Ibama) e investigadores de la Universidad de Sao Paulo, que revelaron un sistema de registro administrativo. fraude de importaciones de Etablissements Robert.
Cheques “inadecuados”
Por la compra – en forma de tableros – 22,44 m3 de bois d’ipé, une essence tropicale prise pour sa résistance à l’abrasion, la société aurait manqué d’effectuer des recherches préalables sur la légalité de l’activité de certains fournisseurs de sa chaîne d’approvisionnement, ainsi que des vérifications sur el terreno.
Citados por el tribunal, dos agentes de la Oficina Francesa para la Biodiversidad (OFB), que participaron en la investigación, confirmaron la“insuficiencia” verificaciones realizadas por Robert. Según ellos, a partir de fuentes abiertas, incluido el sitio web de Ibama, habría encontrado que todos los proveedores en su cadena de suministro ya habían sido objeto de sanciones en relación con el comercio de madera.
Llamada al bar, Laura Monnier, directora legal de Greenpeace Francia, subrayó el carácter “lagunero” controles realizados por la dirección regional de alimentación, agricultura y silvicultura (Draaf) en la empresa. Para ella, los documentos de legalidad de la madera de un país a otro “índice de corrupción” debe haber requerido vigilancia.
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