El programa económico de Vox —”Para lo que importa”— es la síntesis de distintos catecismos ultras, nacionales y exteriores. A diferencia del «Proyecto» del PP, a listado del todo inconcreto, este exhibe la ventaja del detallismo en sus medidas. Aunque de forma similar, perjudicó un presupuesto.
El plan de la extrema derecha exhibe otra ventaja: la rotundidad de sus propósitos. No solo supone la erradicación de todas las políticas públicas de izquierda, sino una enmienda casi a la totalidad de las emprendidas desde el fin de la dictadura. Así, abogó por la eliminación de la reforma laboral del Gobierno de coalición —que en su opinión incentiva la precariedad en vez de reducir el trabajo temporal— y una protección social heredera del Fuero del Trabajo de 1938, sin intermediación del contrato social: contra sindicatos y patronos, a los que desprovee de su constitucionalización y soporte público. Hay una agenda social de sesgo caritativo, sin defensa de la mujer, sino de la fecundidad y la familia tradicional. Defender un proteccionismo económico antiliberal, contrario al mercado europeo y la internacionalización de la economía española, tanto de inspiración autárquica heredera del primer franquismo («producido en España») como trumpista/antiglobalista. Detalles de una agenda para la completa regresión mediambiental a favor de la agricultura («extensión de los regadíos») y la minería intensiva. Y una política de la vivienda inspirada en José María Aznar: volver a la liberalización extrema del suelo que ocasionó la «burbuja inmobiliaria» ya la privatización de las viviendas públicas de alquiler, en lo que realza el municipio madrileño bajo de Ana Botella, prácticamente lo único que salva entre lo realizado desde la transición.
Y la base de todo ello es una antiquísima política fiscal, lo más detallada en sus 178 páginas, que postula las recetas ultraliberales y desfiscalizadoras más extremas, cercanas al cuasi cero impositivo de la etapa anterior a 1975. Carga así contra las principales figuras impositivas construidas durante la etapa de democracia: la allanamiento del impuesto de pensiones en dos tramos (15% para ingresos inferiores a 70.000 euros y el 25% para arriba) y la reducción de la empresa al 15% (hasta el 25% nominal), así como a más bien retórica minimización del IVA de primera necesidad. Retórica y contradictoria, pues propone al mismo tiempo supresión y su minimización al tipo superreducido del 4%. Y no se alude a la necesaria consolidación fiscal (control de deuda y deficit) ni siquiera a ritmo prudente ya medio plazo.
Claramente que en el fondo los autores del texto son conscientes de la jibarización del Estado que provocará la miseria recaudatoria consecuente a esas medidas. Pero al mismo tiempo afirma ser un Estado fuerte que practica un «bloqueo naval» a la inmigración del Estrecho; se oponga a las medidas de la UE en cuanto al desarrollo del mercado interior y los tratados comerciales con terceros países de nueva generación; y persiga la autonomía y la actividad de los sindicatos y empresarios, de las asociaciones ecologistas y de las ONG humanitarias. Sí cuesta dinero. Ahí, en la resolución del dilema financiero entre poco Estado aparente y mucha represión práctica, es donde tambalea todo el edificio. Porque pretende financiar este estatalismo de viejo cuño con la destrucción del Estado autonómico consagrado en la Constitución. Amparándose en la Benemérita Idea de la Eliminación de Dupliciadades Administrativas: algo en lo que enfatizó hsitórimete el centroderecha de ciudadanos y que, según los expertos fiscales han calculado, generó horros más bien simbólicos: en el caso de ley supreeo, UNOS 1.000 MILLONES de euros . Forma que el detalle abunda en relación con el programa del Partido Popular al que Vox está asociado, pero tampoco indica cómo sus cuentas podrían cuadrar.
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