Un nuevo capítulo en el debate por la reforma del sistema de salud ha encendido las alarmas en diversos sectores. El Ministerio de Salud alista la expedición de un decreto con el que pretende avanzar en la implementación de aspectos sustanciales de la reforma sin necesidad de aprobación legislativa. La decisión, que ha sido calificada por algunos como un “atajo normativo”, ha generado incertidumbre jurídica, preocupación financiera y una creciente controversia política.
El decreto mencionado propone establecer la Red Integrada e Integral de Servicios de Salud (RIISS), una entidad que ya estaba sugerida en el texto original de la reforma discutida pero no aprobada en el Congreso. Con esta organización, se modificaría la contratación y prestación de los servicios de salud, transfiriendo funciones esenciales a los organismos territoriales y cambiando el rol de las Entidades Promotoras de Salud (EPS).
Aunque el Gobierno defiende que el decreto está respaldado por regulaciones existentes y no necesita pasar por el proceso legislativo, especialistas en derecho constitucional y estudiosos del sector salud han señalado que este documento excede una mera regulación administrativa. Ellos sostienen que el texto propone modificaciones significativas al sistema vigente de aseguramiento, lo cual, en su perspectiva, debería ser discutido y ratificado en el Congreso de la República, respetando el principio de separación de poderes.
Uno de los puntos más cuestionados es la falta de transparencia respecto a las fuentes de financiamiento necesarias para asegurar la implementación de la RIISS. La nueva estructura significaría que los fondos del sistema de salud sean administrados de manera directa por las Administradoras de Recursos de Salud (Adres) y por los gobiernos locales, lo que alteraría el flujo habitual de dinero que actualmente circula a través de las EPS. Según estimaciones iniciales, se necesitarían miles de millones de pesos adicionales para activar las nuevas redes, pero hasta este momento, no hay una fuente definida y sostenible que soporte ese gasto.
En paralelo, diversos actores del sistema de salud —incluidos gobernadores, secretarios de salud departamentales y organizaciones de profesionales del sector— han manifestado su preocupación por la inminente entrada en vigor de un modelo que no ha sido probado ni en fase piloto. Temen que, en ausencia de una planificación adecuada, se generen vacíos en la prestación del servicio, se profundicen las deudas con clínicas y hospitales, y se agraven los problemas ya existentes, como los retrasos en pagos a proveedores y la saturación en la atención primaria.
El Ministerio, en su posición, argumenta que el decreto es esencial para impulsar la transformación del sistema y evitar que la oposición política continúe retrasando decisiones apremiantes. Afirma que la implementación será gradual y que se velará por los derechos de los usuarios, asegurando también la continuidad en el servicio médico. No obstante, las garantías sobre el funcionamiento del nuevo modelo siguen siendo limitadas y el texto definitivo del decreto aún no se ha dado a conocer, lo que aumenta la incertidumbre.
Algunos sectores políticos han anunciado que podrían recurrir a mecanismos legales para frenar su entrada en vigencia, argumentando que se trata de un uso indebido del poder reglamentario. Incluso se plantea la posibilidad de que la Corte Constitucional sea llamada a revisar el alcance del decreto, en caso de que se demuestre que sustituye la función legislativa sin el debido debate democrático.
Mientras tanto, tanto los pacientes como los empleados del sector vigilan con inquietud una reforma que, más allá de sus objetivos, aún no logra aclarar las incógnitas sobre su viabilidad técnica, legal o económica. La cuestión de fondo sigue en debate: ¿es válido que el Ejecutivo prosiga con la reforma estructural del sistema de salud mediante procedimientos administrativos, sin el apoyo del Congreso? ¿O es una reacción imprescindible ante un sistema que ha sido profundamente criticado durante años?
La realidad es que, mediante este decreto, la nación se acerca a un momento crítico en el ámbito de las políticas de salud, en un entorno de intensa polarización institucional y con repercusiones que podrían definir el futuro del sistema sanitario en los años venideros.
