El presidente Gustavo Petro ofreció una alocución nacional en la que abordó dos de los pilares de su agenda gubernamental: la salud y la educación. Durante su intervención, hizo un balance de su gestión en ambos sectores y presentó nuevas medidas con las que busca avanzar en sus reformas estructurales, pese a los obstáculos legislativos que han frenado su implementación en el Congreso.
En el caso de la salud, el mandatario reiteró su crítica al modelo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), al que calificó de ineficiente, corrupto y financieramente insostenible. Citó datos de la Contraloría General según los cuales 29 EPS acumulan deudas que superan los 30 billones de pesos, con apenas seis entidades cumpliendo los requisitos mínimos de solvencia. Según el presidente, este déficit no solo pone en riesgo la sostenibilidad del sistema, sino que afecta directamente la calidad de la atención que reciben los ciudadanos.
Con este contexto, Petro comunicó que su administración procederá con la reforma del sistema de salud a través de un decreto que incorpora muchos de los elementos de la reforma fallida que no se aprobó en el Congreso. La regulación vigente suprime la función de aseguramiento de las EPS y sugiere su transformación en Gestoras de Salud y Vida, organizaciones que no manejarán recursos y deberán enfocarse en coordinar servicios y apoyar a los pacientes.
Un aspecto fundamental de la iniciativa es el establecimiento de los Centros de Atención Primaria en Salud (CAPS), los cuales se ubicarán en diferentes regiones y funcionarán con un enfoque de prevención y comunidad. El presidente sostuvo que esta reforma forma parte del Plan Nacional de Desarrollo y tiene el apoyo legal necesario para llevarse a cabo, aunque sectores opositores y ciertos expertos en derecho constitucional han señalado que podría comprometer la separación de poderes y la función deliberativa del Congreso.
En su intervención, Petro no se contuvo en lanzar críticas hacia los sectores privados del sistema de salud, enfocándose especialmente en consorcios empresariales internacionales que, según su opinión, se han beneficiado con fondos públicos perjudicando la salud de los ciudadanos colombianos. Los señalamientos más contundentes estuvieron dirigidos a una famosa EPS con inversión extranjera, a la cual acusó de operar con mecanismos que él juzgó como ilegales. Estas declaraciones generaron intensas reacciones del sector salud, el cual rechazó las acusaciones y alertó sobre una potencial politización en la discusión sanitaria.
En el ámbito de la educación, el mandatario subrayó el incremento en el acceso a la educación pública universitaria, informando sobre la generación de 155 mil nuevas plazas en las universidades. Declaró que su administración se ha comprometido firmemente a reforzar la educación pública gratuita y de excelencia, y rechazó la opción de utilizar fondos del Estado para subvencionar matrículas en universidades privadas, decisión que argumentó basada en la urgencia de fortalecer el sistema estatal.
Petro también habló sobre antiguos ministros de Educación de su administración, mencionando que algunos no compartieron la perspectiva progresista que, según él, impulsa su iniciativa. Esta autocrítica insinuó tensiones internas dentro del Gobierno, pero reafirmó su compromiso con la educación gratuita como una política estructural para disminuir la desigualdad social.
Las reacciones a la alocución no se hicieron esperar. Voceros de las EPS y expertos en salud pública calificaron los señalamientos presidenciales como imprecisos y afirmaron que el verdadero problema del sistema radica en un déficit estructural de financiación más que en actos de corrupción. También advirtieron que los cambios propuestos podrían generar un colapso operativo si no se implementan con una planificación adecuada.
En el ámbito político, los sectores opositores manifestaron preocupación por la vía unilateral que ha decidido tomar el gobierno en materia de reformas, especialmente en un contexto de polarización y debilidad en la coalición oficialista dentro del Congreso. Sin embargo, desde el Ejecutivo se insiste en que la acción por decreto es una respuesta legítima ante el estancamiento institucional y la urgencia de atender las necesidades de millones de ciudadanos.
La alocución de Gustavo Petro marca un punto de inflexión en su mandato. Frente a la imposibilidad de avanzar en el Legislativo, el presidente opta por ejercer un liderazgo directo desde el Ejecutivo, apostando por medidas de alto impacto que buscan dejar una huella en los sectores sociales más sensibles. Queda por ver si su estrategia logrará consolidarse sin abrir nuevas fracturas en el equilibrio de poderes y en el sistema democrático colombiano.
