Laura Sarabia, una de las personas más cercanas al mandatario colombiano Gustavo Petro, decidió dejar su puesto como ministra de Relaciones Exteriores después de una carrera política corta pero intensa, durante la cual desempeñó cuatro roles estratégicos en el gobierno actual. Su renuncia al Ministerio fue el resultado de múltiples desavenencias con la Casa de Nariño y después de varios eventos que suscitaron significativa controversia pública y provocaron tensiones internas en el Ejecutivo.
Sarabia, politóloga de 31 años y nacida en Bogotá en el seno de una familia de clase media, se convirtió en la canciller más joven en la historia del país. Su renuncia fue oficializada mediante una carta publicada en redes sociales, donde expresó su desacuerdo con algunas decisiones recientes de la administración y dejó entrever un distanciamiento progresivo con el presidente.
La exministra mencionó que en días recientes se implementaron acciones con las que no estaba de acuerdo, lo cual la llevó a dimitir por «consistencia personal y respeto institucional». Una de las desavenencias más notables fue el debate sobre el trámite de expedición de pasaportes, que desde septiembre será gestionado por una entidad pública colombiana en cooperación con un aliado internacional. Sarabia veía esta decisión como arriesgada debido a la carencia de preparación técnica del nuevo sistema.
Previo a su paso por la Cancillería, Sarabia había ocupado varios cargos de alta responsabilidad. Fue jefa del Despacho Presidencial, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y responsable del Departamento de Prosperidad Social. Su ascenso en el gobierno fue meteórico, pasando de ser asesora de un senador al corazón del Ejecutivo. En campaña electoral, fue considerada una pieza fundamental en la estrategia de Petro, quien ha elogiado públicamente su disciplina, capacidad organizativa y lealtad.
No obstante, su tiempo en el gobierno no estuvo libre de controversias. El incidente más serio fue denominado “niñeragate”, un escándalo que surgió tras la revelación de un supuesto uso ilegal de polígrafo a la cuidadora de su hijo, en la residencia presidencial. Más tarde, se descubrió que tanto esta empleada del hogar como otra trabajadora fueron sujetas a intervenciones telefónicas indebidas por parte de integrantes de la Policía Nacional. Como resultado, dos oficiales recibieron condenas judiciales.
El bochorno causó su primer retiro del gobierno, pero Sarabia volvió pronto en una diferente posición importante. En ese período, se divulgaron grabaciones de charlas con su exjefe político, quien ocupa actualmente el cargo de ministro del Interior, donde quedaban claras las tensiones y recriminaciones mutuas. Varios meses después, la exfuncionaria llevó una denuncia contra este ministro a la Fiscalía por maltratos verbales y de género, agravando aún más la división interna.
Su presencia en el gabinete fue cuestionada por algunos sectores, no solo por los escándalos, sino también por su estilo de liderazgo, considerado por algunos colegas como centralizador y excluyente. Altas funcionarias del gobierno manifestaron públicamente desacuerdos con su forma de ejercer el poder, acusándola incluso de bloquear el acceso al presidente a otros miembros del Ejecutivo.
La incorporación de Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores fue vista como un esfuerzo del presidente para asignarle un papel con más proyección internacional, alejándola de las tareas internas directas. En su corta administración, fomentó vínculos bilaterales, facilitó reuniones diplomáticas de alto nivel y se involucró en foros multilaterales. No obstante, su tiempo en el puesto fue breve: solo cinco meses después de asumir el cargo, optó por renunciar.
A pesar de las controversias que rodearon su figura, Sarabia demostró una capacidad singular para ocupar espacios de poder en un entorno político altamente volátil. Su futuro político es incierto, aunque es considerada por analistas como una figura que podría regresar al escenario nacional, ya sea en el Ejecutivo o desde otro rol de influencia.
Su renuncia marca el final de un ciclo y profundiza el debate sobre la conducción interna del gobierno, el peso de las decisiones personales en la gestión pública y los límites de la lealtad en el ejercicio del poder. En medio de un clima de creciente tensión dentro del oficialismo, la salida de una de las funcionarias más cercanas al presidente deja al descubierto las fracturas internas y las dificultades para mantener la cohesión en el equipo de gobierno.
