La discusión sobre el salario mínimo en Colombia se intensifica mientras sindicatos y gremios buscan acercar posturas frente al incremento que regirá en 2026. La brecha entre las propuestas de los trabajadores y los empresarios refleja no solo diferencias económicas, sino también prioridades sociales y políticas que definirán el bienestar de millones de colombianos.
Este jueves, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, adelantó reuniones bilaterales con representantes de centrales obreras y gremios empresariales para explorar posibles consensos sobre el alza del salario mínimo. La negociación es compleja debido a la distancia considerable entre las cifras propuestas: mientras las centrales obreras demandan un aumento del 16 %, los gremios ofrecen un incremento del 7,21 %. Esta diferencia refleja visiones divergentes sobre la capacidad económica del país, la productividad laboral y la necesidad de garantizar un ingreso digno a los trabajadores.
Tras reunirse con Sanguino, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, reiteró que seguirán firmes en su demanda de un incremento significativo. Según Arias, si los gremios no elevan su propuesta a un porcentaje de al menos dos dígitos —un mínimo del 10 %— no habrá margen para la concertación y confiarán en que el presidente Gustavo Petro determine la cifra definitiva. “Si los gremios no se mueven, nosotros tampoco lo haremos”, subrayó Arias, aclarando que, en caso de que los empresarios presenten una oferta de dos dígitos, estarían dispuestos a ajustar su cifra inicial del 16 % para llegar a un acuerdo.
La iniciativa de los sindicatos
Las centrales obreras —CUT, CGT y CTC— basan su propuesta de un incremento del 16 % tanto para el salario mínimo como para el auxilio de transporte en diversos argumentos técnicos y sociales. Con este aumento, el salario mensual se elevaría de COP 1.423.500 a COP 1.651.260, mientras que el auxilio de transporte aumentaría de COP 200.000 a COP 232.000, incrementando el ingreso total de los trabajadores a COP 1.883.260.
Según Fabio Arias, parte de esta propuesta surge de los descubrimientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que destaca una diferencia considerable —aproximadamente 50 puntos porcentuales— entre el salario mínimo actual y el llamado salario mínimo vital y móvil, es decir, aquel que se requiere para satisfacer las necesidades básicas de un hogar promedio de cuatro personas. El ministro Sanguino señaló que este salario, equivalente a una vida digna, se situaría en torno a los COP 3 millones, una cantidad muy superior al ingreso mínimo vigente.
Arias también considera que la propuesta del 16 % busca compensar lo que las centrales denominan una “deuda histórica” acumulada durante las negociaciones de las últimas dos décadas, periodo durante el cual, según los sindicatos, no se reconoció adecuadamente la contribución de los trabajadores a la productividad nacional. Los cálculos realizados por economistas de estas organizaciones muestran que, de mantenerse la tendencia actual, el salario mínimo seguiría estando aproximadamente a la mitad de lo que debería ser para garantizar condiciones de vida dignas.
Otro factor relevante señalado por Arias es el hundimiento de la reforma tributaria, que dejó al Gobierno sin los recursos previstos para inversión social en 2026. En este contexto, un aumento más robusto del salario mínimo podría convertirse en un mecanismo alternativo para fortalecer el ingreso de las familias y estimular la economía desde la base laboral.
La propuesta de los gremios
Por otro lado, los gremios empresariales, que están representados por entidades como la ANDI, ACOPI y la SAC, propusieron un aumento del 7,21 %, lo que llevaría el salario mínimo a COP 1.526.134 y el auxilio de transporte a COP 214.420, resultando en un ingreso mensual total de COP 1.740.554. La diferencia entre las propuestas de los trabajadores y los empresarios es de COP 142.706, un margen considerable que refleja la disparidad de opiniones sobre cómo equilibrar ingresos, costos y sostenibilidad empresarial.
Los empresarios fundamentan su propuesta considerando la inflación observada del 5,3 %, la Productividad Total de los Factores (PTF), que es del 0,91 %, y un margen de ganancia real adicional de 100 puntos básicos. María Elena Ospina, presidenta de ACOPI, señaló que su planteamiento busca ser responsable tanto con las empresas como con los trabajadores, evitando que un aumento excesivo presione los costos de producción y la inflación, lo que a la larga podría afectar la economía y el poder adquisitivo de todos.
Ospina también destacó que solo 2,4 millones de los 23 millones de ocupados en Colombia ganan un salario mínimo, lo que refuerza la necesidad de ajustes equilibrados y sostenibles, que consideren la realidad económica y las posibilidades del sector empresarial sin comprometer la estabilidad laboral ni la inversión productiva.
Los desafíos de lograr un consenso
La negociación entre trabajadores y empresarios ha sido históricamente compleja, debido a enfoques económicos y sociales diferentes. Para los gremios, un incremento elevado puede generar mayores costos de contratación, limitar la capacidad de expansión de las empresas y, en algunos casos, obligar a reducir la plantilla laboral. Además, los costos adicionales pueden trasladarse a los precios de bienes y servicios, incrementando la inflación.
Por otro lado, las centrales obreras destacan que un aumento del salario mínimo incrementa el poder adquisitivo de los trabajadores, dinamiza el consumo y puede generar un ciclo de crecimiento económico que beneficie tanto a empresas como a empleados. Según su perspectiva, un incremento adecuado no solo mejora las condiciones de vida de los trabajadores, sino que también fortalece la demanda interna, incentivando la contratación y la productividad.
El presidente Gustavo Petro ha expresado su acuerdo con la posición de los sindicatos, destacando que el incremento del salario mínimo, incluso con los aumentos recientes, no ha tenido un impacto adverso en el empleo. En realidad, la tasa de desempleo en octubre se situó en 8,2 %, siendo el nivel más bajo registrado en ese mes desde 2017.
El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó que un ajuste balanceado debe armonizar las ventajas del incremento salarial con los desafíos inflacionarios que podrían presentarse. “El beneficio relacionado con los ingresos de quienes perciben el salario mínimo, así como el de aquellos que puedan beneficiarse del incremento de esa demanda agregada, también conlleva desafíos significativos para alcanzar la meta de inflación. Es necesario encontrar puntos de equilibrio que produzcan resultados satisfactorios para toda la sociedad”, explicó Villar.
El consenso técnico de Fedesarrollo sugiere que un incremento razonable del salario mínimo para 2026 estaría entre el 6 % y el 6,5 %, tomando como base la inflación estimada del 5,2 % y la variación de la productividad, que oscila entre -0,3 % y +0,9 %. Este cálculo técnico busca un punto intermedio entre la protección del poder adquisitivo de los trabajadores y la sostenibilidad de las empresas en un contexto económico complejo.
La negociación del salario mínimo en Colombia para 2026 enfrenta un escenario de contraste entre las demandas sindicales, centradas en la equidad y la compensación histórica, y las propuestas empresariales, orientadas a la sostenibilidad económica y la estabilidad de los costos laborales. La capacidad de alcanzar un acuerdo dependerá de la disposición de ambas partes para encontrar un punto medio, que considere tanto el bienestar de los trabajadores como la viabilidad de las empresas, asegurando así un equilibrio entre crecimiento económico, justicia social y estabilidad financiera.
