En Colombia, la Ley de Utilidad Pública, creada para brindar beneficios de liberación anticipada a mujeres encarceladas por delitos menores, como el tráfico de drogas en pequeña escala, ha sido reconocida como un avance hacia la justicia social. No obstante, para muchas de las beneficiarias, salir de prisión no representa una auténtica libertad. Los desafíos económicos, sociales y legales que deben enfrentar al reinsertarse en la sociedad demuestran que la liberación, aunque fundamental, es solo el comienzo de un extenso y difícil camino hacia la reintegración.
La Ley de Utilidad Pública: una oportunidad con restricciones
La Ley de Utilidad Pública se puso en marcha con la finalidad de disminuir el hacinamiento en las cárceles y brindar una alternativa a aquellas mujeres que, en su mayoría, quedaron atrapadas en el microtráfico debido a la pobreza y la carencia de oportunidades. Numerosas de estas mujeres cumplen penas desproporcionadas en comparación con los actores más importantes del narcotráfico, quienes frecuentemente logran eludir la justicia gracias a su poder económico y a la corrupción.
La Ley de Utilidad Pública fue implementada con el objetivo de reducir el hacinamiento carcelario y ofrecer una alternativa para aquellas mujeres que, en su mayoría, fueron atrapadas en redes de microtráfico como resultado de la pobreza y la falta de oportunidades. Muchas de estas mujeres cumplen condenas desproporcionadas en comparación con los actores principales del narcotráfico, quienes suelen evadir la justicia gracias a su poder económico y la corrupción.
Si bien la ley representa un avance al permitir que las beneficiarias recuperen su libertad antes de cumplir la totalidad de su condena, las limitaciones prácticas de este beneficio son evidentes. Una vez fuera de prisión, estas mujeres se enfrentan a un panorama hostil: la falta de apoyo estatal, la discriminación social, la dificultad para acceder a empleos formales y el estigma asociado a su pasado delictivo.
Para las mujeres que han sido liberadas de prisión, el proceso de reintegrarse en la sociedad está caracterizado por el rechazo que sufren en sus comunidades y los prejuicios que las persiguen. Aunque han cumplido su sentencia o han sido beneficiarias de la ley, son miradas con escepticismo y etiquetadas como delincuentes reincidentes, sin considerar las circunstancias que las llevaron a cometer el crimen.
Este estigma impacta no solo sus relaciones personales, sino también su habilidad para ingresar al mercado laboral. La mayoría carece de educación formal y formación técnica, lo que restringe sus oportunidades de empleo. Además, sus antecedentes judiciales complican aún más la posibilidad de conseguir un trabajo formal, empujándolas nuevamente hacia empleos informales o actividades ilícitas como único medio de subsistencia.
Este estigma no solo afecta sus relaciones interpersonales, sino también su capacidad para acceder al mercado laboral. La mayoría de ellas carecen de educación formal y entrenamiento técnico, lo que limita sus oportunidades laborales. Además, los antecedentes judiciales dificultan aún más la posibilidad de encontrar un empleo formal, empujándolas una vez más hacia trabajos informales o actividades ilícitas como única forma de subsistencia.
A esto se suma el hecho de que muchas de estas mujeres son madres y principales proveedoras de sus hogares. Su regreso a casa implica una lucha constante para mantener a sus familias, a menudo sin el apoyo necesario para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentación y educación para sus hijos.
Uno de los problemas principales que enfrentan las beneficiarias de la Ley de Utilidad Pública es la falta de programas efectivos de reintegración. Aunque la ley incluye ciertos beneficios para facilitar su transición, en la realidad, estos son insuficientes o no se encuentran disponibles.
Por ejemplo, las mujeres que salen de prisión rara vez tienen acceso a programas de capacitación laboral o formación educativa que les permitan reconstruir su vida en libertad. Tampoco reciben apoyo psicológico para afrontar el estrés y la ansiedad resultantes de su tiempo en prisión y de los desafíos que representa reintegrarse a una sociedad que las rechaza.
Por ejemplo, las mujeres excarceladas rara vez cuentan con acceso a programas de capacitación laboral o educación que les permitan reconstruir su vida en libertad. Tampoco reciben apoyo psicológico para enfrentar el estrés y la ansiedad derivados de su tiempo en prisión y de los desafíos que implica reintegrarse a una sociedad que las rechaza.
Asimismo, los programas de acompañamiento familiar y comunitario son prácticamente inexistentes. Esto deja a muchas excarceladas en una posición de aislamiento, aumentando el riesgo de reincidencia y perpetuando el ciclo de pobreza y exclusión social que las llevó al delito en primer lugar.
La necesidad de un enfoque integral
La Ley de Utilidad Pública, aunque bien intencionada, demuestra que la excarcelación no es suficiente para garantizar una verdadera reintegración social. Para que estas mujeres puedan reconstruir sus vidas, es necesario adoptar un enfoque integral que aborde las raíces del problema.
Esto incluye la implementación de políticas públicas que ofrezcan apoyo educativo, psicológico y laboral a las beneficiarias, así como campañas de sensibilización para combatir el estigma y la discriminación. Además, se requiere una mayor coordinación entre las instituciones del Estado y las organizaciones de la sociedad civil para garantizar que las excarceladas tengan acceso a recursos y oportunidades que les permitan romper con el ciclo de exclusión.
