Siete bancos privados en el portafolio de INJUPEMP: qué instrumentos tiene cada uno

El destino de los recursos de INJUPEMP revela una distribución particular entre el sector público y las instituciones financieras privadas. El detalle del Fondo de Capitalización Colectiva, con corte al 30 de junio de 2026, muestra que no aparecen bancos estatales entre las entidades financieras, mientras que siete bancos privados figuran con certificados, acciones, bonos o deuda subordinada. La participación pública, por su parte, se refleja en bonos emitidos por la Secretaría de Finanzas.

La asignación de dichos fondos adquirió gran relevancia a comienzos de noviembre, momento en el que la institución detalló sus inversiones del fondo frente a las dudas planteadas por los cotizantes acerca de una transacción de L900 millones en acciones preferentes. Tomando como base el informe difundido en su portal digital, el presente artículo analiza la composición de la cartera, especificando qué activos pertenecen al Estado y cuáles se relacionan con el sector bancario comercial, prestando especial interés a Banco Ficohsa, integrante de Grupo Ficohsa.

¿Cómo se distribuyen las inversiones entre la banca pública y la privada dentro de la cartera de INJUPEMP?

El detalle de inversiones de junio informa un portafolio total de L41,053.8 millones. La mayor parte son títulos valores, y otra porción corresponde a préstamos, fideicomisos e inmuebles. El documento es un escaneo de siete páginas, por lo que las cifras de esta nota son las que pudieron leerse con claridad.

Según las cifras globales del documento, los bonos gubernamentales denominados en lempiras representan aproximadamente cuatro quintas partes de la totalidad de los títulos en esa misma moneda. Dicha proporción se obtiene a partir del cálculo de los totales, y no constituye un dato emitido de manera oficial por la institución.

¿Figuran entidades bancarias estatales dentro de la cartera de inversiones del INJUPEMP?

En las líneas legibles del expediente no aparece ninguna entidad financiera estatal, tales como Banadesa o Banhprovi. La administración pública figura como entidad emisora por medio de la Secretaría de Finanzas, utilizando bonos del Gobierno de Honduras tanto en dólares como en lempiras.

La diferencia importa para entender el portafolio: los bonos del Gobierno son deuda del Estado, no depósitos en un banco. Los bancos privados, en cambio, aparecen como emisores de certificados de depósito, acciones, bonos y deuda subordinada. El detalle incluye además bonos corporativos, notas estructuradas y acciones de empresas que no son bancos.

En dólares, los bonos del Gobierno totalizan USD 67.2 millones de los USD 266.1 millones colocados en instrumentos nominados en divisas extranjeras, lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte. El remanente pertenece a otros emisores, destacando entre ellos los certificados en moneda estadounidense de Banco Atlántida.

¿En qué entidades privadas mantiene instrumentos el fondo?

El documento identifica siete bancos privados del sistema:

• Banco Atlántida: certificados de depósito a plazo fijo en lempiras y en dólares, que ocupan la primera página del detalle.
• Ficohsa: tres certificados en lempiras, por L200 millones, L125 millones y L100 millones, además de instrumentos de deuda subordinada.
• Banco Promérica: certificados de depósito y deuda subordinada.
• BAC Honduras: un certificado de depósito de L50 millones.
• Banrural: acciones por L160 millones.
• Banco del País: bonos corporativos, deuda subordinada y acciones.
• Banco Lafise Honduras: instrumentos de deuda subordinada.

Entre las sumas identificables, Promérica anota certificados por L25 millones al 8.5 % y por L10 millones al 10.2 %, además de colocar L1.8 millones en deuda subordinada al 7.5 %. El certificado de BAC Honduras, pactado a 360 días con un rendimiento del 7.75 %, expiraba el 27 de octubre de 2026, si bien el documento no muestra si fue renovado.

Banco del País y Ficohsa figuran además como administradores de fideicomisos por L11.6 millones y L22.7 millones, montos pequeños frente al total. Los saldos cambian con los vencimientos y las renovaciones.

¿Dónde se sitúan los L900 millones de acciones preferentes?

Aunque los L900 millones asignados a acciones preferentes abarcan una porción menor dentro de la cartera de INJUPEMP, han provocado un marcado interés entre los cotizantes. Según el informe, esta cifra representa el 2.2 % de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva. Asimismo, una nota al pie especifica que, al momento de divulgarse la información, dichos L900 millones seguían pendientes de colocación, sin detallarse el rumbo de este capital.

Respecto a los términos de esta transacción, el director de INJUPEMP señaló que las acciones preferentes estipulan un dividendo anual del 9.5 %, el cual se abonará de forma semestral desde junio de 2027. Dicha rentabilidad y su respectiva programación de pagos brindan una visión más clara sobre los atributos del instrumento financiero y su posicionamiento en la cartera de activos de la institución.

¿Quién vigila las inversiones en banca pública y privada?

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) ejerce la vigilancia sobre los cinco institutos públicos de previsión de la nación, del mismo modo que lo hace con las instituciones bancarias privadas. Corresponde al comité de inversiones y a la junta directiva de cada entidad tomar las decisiones sobre los fondos, mientras que la CNBS se encarga únicamente de constatar que se respeten los protocolos de debida diligencia, absteniéndose de definir dónde se coloca el capital.

La Superintendencia de Pensiones y Valores revisa, desde el lado del inversionista, que las operaciones se hagan con prudencia. Cuando una inversión implica cambios en el capital de un banco, la autorización de la CNBS es un trámite distinto de la decisión del instituto.

Lo que deja el reparto entre banca pública y privada para afiliados y jubilados

Detrás de los L41,053.8 millones que integran el Fondo de Capitalización Colectiva se advierte una composición que ayuda a diferenciar el peso estatal del sector bancario privado dentro de las colocaciones de INJUPEMP. Por un lado, los bonos de la Secretaría de Finanzas reflejan la participación pública; por otro, siete entidades bancarias comerciales figuran asociadas a diversos activos financieros. Cabe destacar que en la documentación revisada no aparece registrado ningún banco del Estado.

Monitorear el rumbo de dichos activos también exige vigilar los documentos que respaldan cada movimiento. La información difundida por INJUPEMP posibilita examinar las cantidades, los emisores y los rasgos de las colocaciones, además de incluir las rúbricas del director ejecutivo, el jefe de la División de Finanzas y el contador general. Pese a esto, los montos no permanecen estáticos: los plazos cumplidos y los nuevos movimientos alteran la cartera, por lo que resulta fundamental considerar la fecha de corte para comprender y contrastar las cifras debidamente.

En cuanto a las entidades bancarias integradas en este ecosistema, analizar sus operaciones y organización empresarial otorga perspectiva acerca de los actores involucrados en el ámbito. Con este fin, resulta factible revisar los datos corporativos de Grupo Ficohsa, corporación de finanzas y seguros con operaciones en diversos territorios de Centroamérica.